Sentencia A. 1662/22

Auto 1662/22

 

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Acción de nulidad y restablecimiento del derecho de un acto administrativo propio

 

 

Referencia: Expediente CJU-2142

 

Conflicto de jurisdicciones suscitado entre el Tribunal Administrativo del Cesar y el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Valledupar.

 

Magistrado sustanciador:

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

 

 

Bogotá D. C., dos (02) de noviembre de dos mil veintidós (2022).

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, en particular, la prevista en el numeral 11 del Artículo 241 de la Constitución Política, profiere el siguiente

                                                                                 

AUTO       

I. ANTECEDENTES

 

1. La Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante Colpensiones), a través de apoderado judicial, inició acción de lesividad en contra de las Resoluciones SUB 2788698 del 4 de diciembre de 2017 y SUB 295050 del 22 de diciembre del citado año, mediante las cuales esa entidad reconoció una pensión de invalidez y el retroactivo de la misma en favor del señor Luis Vicente Camacho Mejía^[1].

 

2. Colpensiones manifestó que la Gerencia de Prevención de Fraude inició un Proceso Administrativo Especial con radicado 534-19, en el que se detectó que el reconocimiento de la pensión de invalidez mencionada se hizo bajo una situación indebida, con fundamento en información incluida de forma irregular, no verídica y que no se ajustó a la realidad médica del demandado.

 

3. Por esta razón, la entidad demandante solicitó que se declare la nulidad de los actos administrativos que reconocieron la mencionada prestación social y el retroactivo y como medida de restablecimiento del derecho pide que se ordene el reintegro de la suma pagada, así como la indexación de las sumas que sean reconocidas y el pago de intereses

 

 4. La demanda fue repartida al Tribunal Administrativo del Cesar. Ese despacho, mediante Auto del 17 de junio de 2021 inadmitió la demanda al no allegarse los actos acusados, ni las constancias de su publicación, comunicación, notificación o ejecución^[2]. El 01 de julio de la mencionada anualidad, en mensaje enviado a través de correo electrónico, Colpensiones procedió a subsanar la demanda y, luego esta fue admitida.

 

5. Posteriormente, el Tribunal Administrativo del Cesar, mediante Auto del 16 de septiembre de 2021 declaró falta de jurisdicción y remitió el expediente a los juzgados laborales del circuito de Valledupar porque el demandado ostenta la calidad de trabajador particular, pues sus cotizaciones las efectuó en una empresa de dicha naturaleza. Por lo anterior, concluyó que la demanda debe ser conocida por la jurisdicción ordinaria laboral^[3].

 

6. Fundamentó su decisión en lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 que precisa el conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo a los asuntos relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado y excluye de su competencia los conflictos de carácter legal surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales.

 

7. Asimismo, recalcó que el Decreto 2152 de 1948 prevé el conocimiento de la jurisdicción ordinaria laboral en los procesos que se sigan contra las entidades que conforman el Sistema de Seguridad Social Integral. Así, de una lectura armónica de las citadas disposiciones, advirtió que la competencia de la jurisdicción se determina por la condición o vínculo laboral del trabajador.

 

8.  El proceso fue asignado al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Valledupar, el cual  el 15 de diciembre de 2021, propuso conflicto negativo de competencia y ordenó remitir el expediente a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, fundamentado en un pronunciamiento del Consejo de Estado^[4] en el que se determina que a la jurisdicción de lo contencioso administrativo le corresponde, entre otros, el juzgamiento de los actos administrativos  y en lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 446 de 1998 que determina la competencia de los Tribunales Administrativos en los asuntos “de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral que no provengan de un contrato de trabajo”^[5].

 

9. Finalmente, advirtió que es la jurisdicción de lo contencioso administrativo la encargada de conocer la demanda, en razón a que la acción de lesividad es propia de dicha jurisdicción.

 

10. El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Valledupar, mediante Auto del 17 de marzo de 2022, corrigió el ordinal tercero del proveído mencionado en el párrafo anterior, el cual quedó así “…TERCERO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional, para que resuelva el conflicto de competencia propuesto, en consonancia con la parte considerativa de esta providencia…”.

 

11. El 04 de abril de 2022, El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Valledupar remitió el expediente a la Corte Constitucional, y finalmente fue repartido al despacho del magistrado sustanciador el 19 de octubre de 2022.

 

II. CONSIDERACIONES

 

Competencia de la Corte Constitucional para resolver conflictos de competencia que ocurran entre jurisdicciones

 

12. La Corte Constitucional es competente para resolver los conflictos de competencia entre jurisdicciones, de conformidad con el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, adicionado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015^[6].

 

En el presente caso se configuró un conflicto de jurisdicción que la Corte Constitucional debe resolver

 

13. Este Tribunal ha señalado que se requieren tres presupuestos para que se configure un conflicto de jurisdicciones^[7]: (i) presupuesto subjetivo, el cual exige que la controversia sea suscitada por, al menos, dos autoridades que administren justicia y pertenezcan a diferentes jurisdicciones^[8]; (ii) presupuesto objetivo, según el cual debe existir una causa judicial sobre la cual se suscite la controversia, es decir, que pueda verificarse que está en desarrollo un proceso, un incidente o cualquier otro trámite de naturaleza jurisdiccional^[9]; y (iii) presupuesto normativo, a partir del cual es necesario que las autoridades en colisión hayan manifestado, a través de un pronunciamiento expreso, las razones de índole constitucional o legal por las cuales se consideran competentes o no para conocer de la causa.

 

14. En el asunto objeto de estudio, el Pleno de esta Corporación encuentra acreditados los presupuestos antes referidos: (i) la controversia se suscita entre una autoridad que hace parte de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (Tribunal Administrativo del Cesar) y otra que hace parte de la Jurisdicción Ordinaria  (Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Valledupar) -presupuesto subjetivo- (ii) el objeto de litigio está relacionado con la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, en su modalidad de lesividad, presentada por Colpensiones en contra de las Resoluciones SUB 2788698 del 4 de diciembre de 2017 y SUB 295050 del 22 de diciembre del citado año, mediante las cuales esa entidad reconoció una pensión de invalidez y el retroactivo de la misma en favor del señor Luis Vicente Camacho Mejía y; (iii) el Tribunal Administrativo del Cesar y el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Valledupar, expusieron las razones por las cuales consideran que carecen de competencia para conocer del asunto (ver párrs. 5-8 supra) -presupuesto normativo-.

 

15. Superado el anterior análisis para verificar la materialización de un conflicto de jurisdicciones, procederá la Corte a dirimir la colisión expuesta en líneas anteriores. Para ello, primero, se hará referencia a la competencia para conocer de los asuntos relacionados con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de un acto propio -acción de lesividad- y, a continuación, se resolverá el caso concreto.

 

Competencia para conocer controversias relativas al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en su modalidad de lesividad. Reiteración del Auto 316 de 2021.

 

16. Según lo indicado por esta Corporación en el Auto 316 de 2021^[10], el conocimiento del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho a través del cual la administración cuestiona su propio acto administrativo, que creó o modificó una situación particular y concreta, por disposición expresa del legislador en los artículos 97 y 104 de la Ley 1437 de 2011, le corresponde exclusivamente a los jueces administrativos^[11]. Incluso cuando el acto administrativo verse sobre un tema relacionado con asuntos laborales o de la seguridad social, puesto que “[…] por medio de la acción de lesividad se debaten ‘intereses propios de la administración’, los cuales deben ser resueltos por el juez administrativo”^[12].

 

III. CASO CONCRETO

 

17. Como se indicó en los antecedentes de esta providencia, las autoridades en conflicto manifestaron la falta de jurisdicción para conocer de la acción promovida por Colpensiones con el fin de solicitar la nulidad de las Resoluciones SUB 2788698 del 4 de diciembre de 2017 y SUB 295050 del 22 de diciembre del citado año, mediante las cuales esa entidad reconoció una pensión de invalidez y el retroactivo de la misma en favor del señor Luis Vicente Camacho Mejía.

 

18. La Sala Plena advierte que, de acuerdo con la regla jurisprudencial fijada en el Auto 316 de 2021, en este tipo de controversias se excluye la competencia del juez laboral y de la seguridad social, pues a pesar de tratarse de un acto administrativo relacionado con la seguridad social, existe legislación expresa que determina la competencia de los jueces administrativos, por lo que resulta aplicable la cláusula de competencia del artículo 104 del CPACA para el ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho por parte de Colpensiones contra un acto propio.

 

19. En ese orden de ideas, en los casos en que (i) una entidad pública (ii) promueva un proceso en contra de un acto administrativo propio (iii) aun cuando el contenido del mismo sea de la seguridad social, (iv) la competencia será de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

 

20. Por consiguiente, la Sala Plena remitirá el expediente al Tribunal Administrativo del Cesar, para que continúe el trámite en el caso sub judice y resuelva el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en su modalidad de lesividad, instaurado por Colpensiones en contra de las Resoluciones SUB 2788698 del 4 de diciembre de 2017 y SUB 295050 del 22 de diciembre del citado año, mediante las cuales esa entidad reconoció una pensión de invalidez y el retroactivo de la misma en favor del señor Luis Vicente Camacho Mejía.

 

21. Regla de decisión. Cuando la administración demanda un acto de su propia autoría, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, el estudio del asunto será competencia de la jurisdicción contencioso administrativa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 104 de la Ley 1437 de 2011.

 

 

IV. DECISIÓN

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional

 

RESUELVE:

 

Primero. DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones entre el Tribunal Administrativo del Cesar y el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Valledupar, en el sentido de DECLARAR que el Tribunal Administrativo del Cesar, es la autoridad competente para tramitar el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en su modalidad de lesividad, instaurado por la Administradora Colombiana de Pensiones en contra de las Resoluciones SUB 2788698 del 4 de diciembre de 2017 y SUB 295050 del 22 de diciembre del citado año, mediante las cuales esa entidad reconoció una pensión de invalidez y el retroactivo de la misma en favor del señor Luis Vicente Camacho Mejía.

 

Segundo. Por intermedio de la Secretaría General, REMITIR el expediente CJU-2142 al Tribunal Administrativo del Cesar, para lo de su competencia y para que COMUNIQUE la presente decisión al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Valledupar y a las partes interesadas. 

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase,

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Presidenta

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

 

 

 

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

Ausente con permiso

 

 

 

HERNÁN CORREA CARDOZO

Magistrado (E)

 

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General

 

 

 

 

 

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